La colocación de pararrayos radiactivos se prohibió en España en el año 1986 a través de un decreto, y a partir de 1993 Enresa inició la recogida masiva de este tipo de instalaciones. El desmantelamiento de estos aparatos se realiza a petición del propietario y sin coste alguno para él, ya que este coste corre a cargo de Industria.

Según los últimos datos disponibles por Enresa, facilitados a Serimedia, desde 1993 y hasta finales del pasado mes de junio se han retirado un total de 16.475 pararrayos radiactivos, lo que supone un 95,6% de las 17.228 peticiones de retirada de aparatos recibidas por la empresa hasta esa fecha.

Sin embargo, son más de 753 los pararrayos radiactivos que aún quedan por retirar en nuestro país, ya que hasta que se prohibió su instalación en el año 1983 había colocados en nuestro país, según las estimaciones de Enresa, un total de 26.630 aparatos de este tipo.

Esos datos ponen de manifiesto que todavía quedan por retirar más de 10.100 pararrayos radiactivos en España y que los propietarios de 9.400 de estos aparatos no han cursado ni siquiera la petición de retirada, con lo que Enresa no puede proceder a su desmantelamiento.

De los cerca de 16.500 pararrayos radiactivos retirados en España hasta el pasado 30 de junio, la mayor parte estaban instalados en Cataluña, un total de 3.801 aparatos, seguida de Madrid (2.227), Andalucía (2.035), Castilla y León (1.360, Galicia (1.171), Valencia (1.344), Aragón (743), País Vasco (722 aparatos).

El resto se reparten entre Castilla-La Mancha (706), Murcia (436), Asturias (398), Extremadura (387), Navarra (288),Baleares (271), Canarias(228), Cantabria (169), La Rioja (136), Melilla (29) y Ceuta (24 pararrayos). La mayor parte de estos aparatos estaban instalados en centros de enseñanza, edificios oficiales y polígonos industriales.

Sin embargo, es en Madrid donde más pararrayos radiactivos continuaban instalado hasta el pasado 30 de junio, un total de 3.218, junto con Cataluña (2.389), Valencia (1.031), Andalucía (1.025), Galicia (519), Castilla y León (480), Castilla-La Mancha (274) y Canarias (252 pararrayos).

Los costes que para Endesa supone la retirada de estos aparatos corren a cargo del Ministerio de Industria. En el último informe de fiscalización de Enresa realizado por el Tribunal de Cuentas, aprobado recientemente y al que tuvo acceso esta agencia, el citado organismo aconseja a la empresa estata que profundice los contactos con Industria para que satisfaga la deuda con Enresa por la retirada de pararrayos radiactivos.

Según el citado informe, la deuda contraida por el ministerio con Industria por el desmantelamiento de este tipo de aparatos ascendía en julio del pasado año a un total de 1.492 millones de pesetas.