La ponencia marco dejaba abierto el modelo de Ejecutiva y planteaba tres alternativas: Ejecutiva amplia (modelo actual), una Ejecutiva amplia con un secretariado, y una Ejecutiva reducida con un órgano intermedio entre ésta y el Comité Federal.

Según la memoria de enmiendas, apuestan po una Ejecutiva ampia con un secretariado más de 40 enmiendas y por una Ejecutiva reducida, más de una treintena. Algunas de estas fijan el número de miembros que proponen, como Toledo (no más de 20), Ciudad Real (19), Horta Nord (17), Zamora, Huelva y León (en torno a 17), Valladolid (20) y siete comarcas gallegas, que no supere los 12 miembros.

INCOMPATIBILIDADES

Mas de 60 enmiendas apuestan por endurecer el régimen de incompatibilidades de los actuales miembros de la dirección del partido. Más de a mitad de ellas solicitan que no desempeñen otros cargos orgánicos, postura a la que se opone Felipe González.

Este tipo de incompatibilidad afectaría a varios miembros de la actual Ejecutiva, como José María Benegas, presidente del PSOE de Euskadi; Raimon Obiols, primer secretario del PSC; Josep María Sala, miembro de la dirección del PSC; José Bono, presidente del PSOE de Castilla-La Mancha; José Acosta, presidente de la Federación Socialista Madrileña, y Carmen Hermosín, secretaria general del PSO de Sevilla y, en general, a los "barones" regionales.

VOTO INDIVIDUAL

El voto individual para elegir a la Comisión Ejecutiva (hasta ahora se efectuaba por delegación) parece completamente asumido por el partido y es solicitado por un centenar de enmiendas. Algunas piden que el voto sea individual y público en el seno de la delegación. Este es el caso de Ferrol, Vizcaya, Guipuzcoa, Zamora, León y varias comarcas valencianas.

Una enmienda de Mallorca a los Estatutos propone que la elección del scretario general se efectúe previamente y por separado del resto de la Comisión Ejecutiva.

Según esta propuesta, una vez elegido, el secretario general elaboraría una propuesta de candidatura cerrada y bloqueda al resto de la Ejecutiva, que debería ser avalada por un mínimo del 40 por ciento de los delegados antes de ser sometida a votación.