Según el texto de la enmienda este examen previo serviría para "conseguir una mayor transparencia en los nombramientos y una mayor confianza de los ciudadanos en los mismos, terminando así con las conjeturas absurdas e inconstitucionales respecto al pensamiento ideológico de cada candidato".

El presidente extremeño, Jun Carlos Rodriguez Ibarra, amenazó el pasado año con promover una iniciativa que permitiera investigar a los futuros miembros de las altas instancias judiciales.

Las declaraciones de Ibarra se produjeron después de los registros del juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero, a la sede del PSOE. Entonces aseguró que "si aquí se preguntara a todos los magistrados que van al Supremo, no por su ideología, sino si cumplen sus deberes cívicos pagando sus cuentas pendientes con las instancias financiers o sus impuestos, algún juez no estaría investigando cómo pagan los créditos los partidos políticos".

La propuesta de Cáceres es la única que propone la investigación previa de los magistrados candidatos a ocupar cargos en las altas instancias del Poder Judicial.

La ponencia marco del 33 Congreso afirma la necesidad de reformar el sistema judicial. Esta reforma, según una enmienda de Asturias, "debe hacerse desde la perspectiva de que el servicio público de la Justicia no es sólo un asunto del Pder Judicial, ni puede hacerse desde concepciones corporativas", por ello pide que no se hable de "autogobierno del Poder Judicial como un poder autónomo dentro del Estado".

Una buena parte de las enmiendas referidas a la reforma de la Justicia reclaman la implantación progresiva del jurado que permita "la participación ciudadana" incluso en el caso de delitos graves "contra la vida o la integridad de las personas".