El programa arrancó en julio en Otaa, y desde entonces sólo diez personas se han sumado a él. Quienes han probado la "maría" estatal dicen que es "repugnante" y piden que se les devuelva el dinero.

En concreto, Jim Wakeford y Barrie Dalley, enfermos de sida de 58 y 52 años, respectivamente, han declarado que la droga que les han facilitado "no es apta para el consumo humano" y han decidido devolver la bolsa de una onza de marihuana que se les entregó al amparo del programa.

El programa forma parte de un plan de las autoridades candienses para equilibrar sus estrictas leyes antidroga con la tolerancia hacia el uso de la marihuana entre los enfermos terminales que sean consumidores habituales de esta sustancia.

Semejante política les está generando problemas con su poderoso vecino del sur. Washington denunció recientemente la relajada política canadiense hacia la marihuana, tachándola de equivalente a un "suicidio patrocinado por el Estado".