Así lo defendió en un comunicado en el que recordó que el juez responde así a una demanda interpuesta en marzo de 2020 por el Colegio de Enfermería de Jaén para “proteger los derechos de sus colegiados” y que, en su fallo, no aprecia “ninguna acción u omisión que limitase derecho fundamental alguno de los demandantes”.

A este respecto, el CGE estimó que el fallo judicial “no contempla la realidad de lo que supuso la actuación de las enfermeras en los momentos iniciales de la pandemia” y recordó que la legislación en materia de riesgos laborales “obliga a proporcionar al trabajador todos los recursos necesarios para poder desarrollar su actividad laboral con todas las garantías para su seguridad e integridad física”, tal y como reconoció una sentencia dictada en Alicante que sí condena a las autoridades sanitarias por “incumplir” dicha obligación.

“Si se reconoce que se ha incumplido esta obligación por parte de las autoridades sanitarias, no tiene sentido que, a continuación, se pretenda que los enfermeros soporten las consecuencias de semejante incumplimiento, como así ha ocurrido en este caso”, criticó, para considerar que las organizaciones sanitarias “vulneraron la ley al no proteger adecuadamente a los trabajadores” y, por ello, “deben asumir las consecuencias y repararlas”.

Tras advertir de que son “numerosos” los pronunciamientos judiciales que ven “demostrado” que las autoridades sanitarias “incumplieron la legislación en materia de riesgos laborales con los profesionales sanitarios” que estuvieron “luchando” contra la Covid, subrayó que las administraciones conocían la situación “con la antelación suficiente para haber comprado el material de seguridad necesario”.

CONDENARON A LOS PROFESIONALES

“Pero no actuaron con la rapidez y diligencia necesaria para adquirirlo a tiempo y, por tanto, condenaron a los profesionales a luchar con bolsas de basura, material defectuoso y mascarillas reutilizadas de forma sostenida en contra de las recomendaciones”, abundó, para señalar que, en su momento, denunció al Gobierno de España por esta cuestión y, ante la falta de equipos de protección, invirtió cerca de 800.000 euros en la compra de material que fue distribuido a los colegios de Enfermería de toda España.

En este punto, lamentó que han muerto “muchos cientos de profesionales” contagiados por no disponer del material de seguridad “necesario” y juzgó “imprescindible” que se depuren “todas las responsabilidades en que hayan podido incurrir las autoridades y responsables de la gestión durante la pandemia”.

El Consejo General de Enfermería de España afirmó que “confía” en la justicia y en que el recurso del colegio de Jaén “sirva para corregir el fallo en segunda instancia” con el fin de que los profesionales “vean reconocido su trabajo y el altísimo riesgo al que fueron sometidos de forma injusta” al inicio de la crisis y explicó que estará “siempre al lado” de los colegiados que denuncien situaciones similares para “cualquier cosa que necesiten” en su “lucha” por el reconocimiento judicial de su “sacrificio profesional y personal en los días más duros de la pandemia”.

Asimismo, trasladó a los profesionales de Jaén y a su colegio profesional su “más profundo apoyo y solidaridad” ante una sentencia que, a su entender, es “ajena” a la labor “inconmensurable” de los sanitarios a lo largo de toda la pandemia “para cuidar de los pacientes exponiendo su vida y la de sus familiares”.

Finalmente, aseveró que los enfermeros de toda España “han dado un ejemplo de profesionalidad, excelencia y entrega a los pacientes a lo largo de todos los meses de pandemia” y “jamás han dudado en acudir a su trabajo a pesar de los momentos críticos que vivieron y de la falta de medios de protección”.