La Comisión se basó en la contabilidad auditada de Endesa de 2004 para aplicar la normativa comunitaria, que establece que si la compañía "opada" desarrolla más del 66% de su negocio en un país socio la operación de concentración debe ser aprobada por las autoridades nacionales, en este caso España.

Sin embargo, Endesa defiende que Bruselas debería tener en cuenta la contabilidad correspondiente a 2005, año del lanzamiento de la OPA, y con arreglo a las normas internacionales de contabilidad (NIC), en vigor desde enero de 2005.

El resultado para Endesa es totalmente distinto si se atiende a la antigua contabilidad que si se aplican las NIC, porque la OPA pasaría de ser estudiada en Madrid a serlo en Bruselas, y en este último caso el calendario de la operación se dilataría.

Según los cálculos de la eléctrica, con las NIC su porcentaje de negocio en España en el momento de la OPA sería del 64% y por tanto la Comisión Europea sería la instancia competente para estudiar la OPA, pero Bruselas se limitó a considerar los datos de 2004, según los cuales Endesa tiene un 74,86% de su volumen de negocio en España.