La extensa documentación remitida a las autoridades de Competencia incluye tanto los aspectos técnicos y financieros de la fusión, como los parámetros que las dos eléctricas han diseñado para llevar a cabo un programa de desinversiones, con el fin de no incurrir en un exceso de concentración de mercado que pueda provocar el rechazo de la operación por parte de Economía.

Según las fuentes consultadas, la propuesta de Endesa e Iberdrola a las utoridades es la configuración de paquetes que incluyan tanto activos de generación como de distribución y transporte -estos últimos en forma de porcentajes en el capital de Red Eléctrica de España (REE)-, que podrían dar lugar a pequeñas empresas eléctricas.

Esas empresas, añadieron, pueden ser luego vendidas a otras empresas energéticas españolas o bien intercambiadas con grupos eléctricos que desean entrar en el mercado español, a cambio de que éstos cedan en sus mercados de origen participaciones n el negocio similares a las que se les ofrecería en España.

Los activos objeto de dicho reparto, según el proyecto de fusión, representan una capacidad total de 15.000 megawatios de potencia generadora y 25.000 gigawatios anuales de distribución eléctrica, que equivalen a unos 4 millones de clientes.

Sin embargo, la concreción de los activos a vender y los mercados a ceder por parte de Endesa e Iberdrola, así como el número de paquetes o empresas a crear para ponerlas en venta, será uno de los apectos que las dos compañías dejan abiertos a la discursión con las autoridades de Defensa de la Competencia, que disponen de un plazo de un mes para dictaminar sobre la fusión.