En este sentido, opinó que, si Rato hubiera sabido que los consejos de administración iban a rechazar la fusión, se hubiera opuesto a ella en el Consejo de Ministros. "Lo hubiera hecho con un entusiasmo indescriptible para aparecer ante los ciudadanos como el defensor de la competencia y de los derechos de los usuarios y de los consumidores", afirmó Caldera.

En su opinión, la decisión de no fusionarse pone de maniiesto "un importante fracaso para los consejos de administración de Endesa e Iberdrola y para el Gobierno, aunque creo", dijo, "que es positivo para los usuarios y los consumidores españoles".

Recordó que el PSOE ya entendió que el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia no garantizaba adecuadamente las condiciones de competencia, y aún menos, la decisión del Gobierno de rebajar las exigencias para la fusión.

"Esto pone de manifiesto el desorden, el desbarajuste que existe en este país n relación con el marco regulador del sistema eléctrico", dijo Caldera antes de agregar que "el Gobierno tendrá que explicar por qué niega a Hidrocantábrico y a Unión Fenosa, dos empresas pequeñitas, que se fusionen, alegando que eso condiciona la competencia, y, sin embargo, estaba dispuesto a permitir la fusión de los dos grandes del sector, incluso rebajando las condiciones establecidas por el Tribunal de Defensa de la Competencia".

REBAJA DE LA TARIFA

Agregó su grupo presentará con carácter inmeiato una iniciativa para exigir al Gobierno que rebaje la tarifa eléctrica en un 4,5%, que es el recargo que estableció "arbitrariamente" como coste de transición a la competencia.

Asimismo, anunció otra iniciativa sobre la necesidad de establecer "de una vez por todas y de modo objetivo y claro" cuál es el sistema de regulación del sector eléctrico español y qué presencia se puede tener en producción, en distribución y en comercialización de energía. "Que quede claramente establecido y no sea discreconal por parte del Gobierno adoptar las decisiones que le venga en gana, dependiendo de los supuestos", subrayó

Agregó que propondrán también que los informes del Tribunal de Defensa de la Competencia "sean vinculantes" para el Gobierno.