El juez señala en el auto de prisión la existencia de falsificación de contraetiquetas, falsedad documental y defraudación, por lo que decretó su ingreo en prisión sin fianza, argumentando la "alarma social" ocasionada por el comportamiento de la bodega.

El sindicato Unións Agrarias, personado en la acusación particular, cifró en 2.000 millones de pesetas las pérdidas ocasionadas a los viticultores por el fraude del vino del grupo Arnoia, en un informe que presentaron ante el juez.

Según el sindicato, el origen de la paulatina reducción de rentas de los viticultores de la comarca orensana de O Ribeiro, se debe a la política tolerante del Consej Regulador de la Denominación de Origen, al permitir las maniobras del Grupo Arnoia, que en la actualidad cuenta con cinco vocales en el citado Consejo.

El secretario de Uniòns Agrarias, Roberto García, señaló que "pasamos de las cosechas históricas el año 89-90, con más de veinte millones de kilos y los precios más altos, a las producciones más bajas de la campaña actual, ocasionándose una pérdida importante de la renta a raiz del fraude".

Por su parte, el letrado de la defensa de Caves Fin de Sglo presentó esta mañana un recurso en el que pide la puesta en libertad del gerente de la Bodega, Pedro González Irago, alegando que su cliente no va a eludir la acción judicial.