La ley de control sindical de los contratos entrará en vigor el viernes, día 8 de febrero, si antes el Alto Tribunal no dicta su suspensión en tanto resuelve el recurso del PP, lo que no parece probable por la proximidad de la fecha, según indicaron a Servimedia fuentes del Tribunal Constitucional.

El recurso del Grupo Popular del Senado dice que este texto legal vulnera el derecho a la intimidad personal, recogido en el artículo 18 de la Constitución Espñola, al obligar a los empresarios a entregar a las centrales sindicales una copia de todos los contratos escritos.

En opinión del portavoz del PP en la Cámara Alta, José Miguel Ortí Bordás, "la obligación de entregar esta copia vulnera frontalmente el derecho a la intimidad, si entendemos éste como un derecho que debe también extenderse a la intimidad económica de las personas".

"Los datos relativos a la retribución y condiciones económicas del trabajador, recogidos en su contrato, tienen perfeca cabida en el concepto constitucional de intimidad, y deben ser protegidos", explicó Ortí Bordás.

Para los senadores populares, la Ley sobre el Derecho de Información de los Representantes de los Trabajadores en Materia de Contratos no garantiza que la información obtenida por los sindicatos no sea utilizada para fines distintos a los de control de la legalidad contractual.

OTRAS IRREGULARIDADES

El escrito presentado hoy en el Registro del Alto Tribunal denuncia otras irregularidades presentesen esta ley, como el hecho de que no haya sido aprobada con rango de ley orgánica, lo que podría vulnerar el artículo 81 de la Carta Magna.

Asimismo, la actual redacción de la de la ley de control sindical de los contratos quebaría, en opinión del PP, el principio de seguridad jurídica, al conceder a las centrales obreras facultades de tutelaje que no tiene reconocidas.

Por último, el recurso del PP califica la ley de "arbitraria" y "desproporcionada", ya que estima que los objetivos de control qe persigue pueden ser alcanzados "por otros medios menos restrictivos de la libertad individual y de los derechos de los trabajadores".