El recurso solicita, seún fuentes de Aemar, la suspensión del decreto 66/1995 de 7 de marzo de la Generalitat de Cataluña, ya que considera que vulnera derechos fundamentales, sin que conlleve ventajas para otros derechos constitucionales.

Para Acomar y Aemar, que representan a cerca de 500 empresas y forman parte de la Mesa Interasociativa del Sector de Máquinas Recreativas, el decreto "viola los derechos contitucionales a la libertad de empresa y a la igualdad ante la ley, además de vulnerar el principio de unidad de mercdo y el Derecho comunitario".