El secretario general técnico del Ministerio de Economía, Santiago Hurtado, explicó hoy que esta medida tiene como objetivo reducir el número de empresas que cierran como consecuencia de un concurso de acreedores.

Asimismo, la reforma elimina las prohibiciones sobre el deudor para suscribir convenios y se dan facilidades a los acreedores.

La reforma de la Ley Concursal busca también estimular la refinanciación previa de las empresas que sean viables, para lo que aumentan las garantías sobre este tipo de operaciones pare evitar que posteriormente sean rescindidas durante el proceso.

Esta efectividad de las garantías se condiciona a que cuenten con el respaldo del 60% de los acreedores, a que exista un informe realizado por un experto independiente sobre la viabilidad futura de la empresa, y a que haya constancia en escritura pública.

También, la reforma persigue la agilización del procedimiento del concurso y la reducción de sus costes, para lo que se permitirá la adopción del concurso abreviado a las empresas con un pasivo inferior a los 10 millones de euros, frente al millón de euros de la actualidad.

Además, las empresas con más de 300 acreedores podrán prescindir del requisito de la junta y se agilizará la liquidación cuando se prevea desde el principio que ésta es la solución razonable.

Para ahorrar costes, se permitirá una publicación gratuita en el BOE del proceso y se creará un Registro Público Concursal en Internet.

Por último, la reforma apuesta por "mejorar la situación de los trabajadores de empresas en concurso", para lo que se permitirá que continúen el proceso de expedientes de regulación de empleo (ERE) y de extinción de relaciones laborales individuales mientras no se declare el concurso, cuando ahora se paralizaban en cuanto se solicitaba el proceso.