Así figura en la Memoria Económica que acompaña al anteproyecto de ley, a la que ha tenido acceso Servimedia, que revela el impacto de la norma en cada una de las actividades de la economía.

Quienes mayor coste deberán afrontar, fruto del mayor número de instalaciones, son las granjas de aves y cerdos, con hasta 34,48 millones de euros. Un máximo de 23,27 millones deberá aportar la industria química orgánica, y hasta 14,54 millones las empresas de gestión de residuos.

La nueva normativa de responsabilidad medioambiental, pendiente de su aprobación como proyecto de ley por el Gobierno, obliga a las empresas que desempeñan actividades potencialmente peligrosas para el medio ambiente a suscribir seguros que les permitan afrontar la responsabilidad medioambiental inherente a sus actividades.

Los fondos destinados a dicha garantía financiera no podrán ser aplicados a ningún otro fin, sino que únicamente habrán de dirigirse a atender las responsabilidades medioambientales, con independencia de las que se puedan derivar de un accidente en los planos penal, civil o societario.

Se exigirá exhibir dicha garantía para conceder las autorizaciones necesarias para el desarrolo de su actividad por estas empresas.

Entre las alternativas que ofrece la ley, figuran pólizas de seguros, avales bancarios o reservas técnicas a través de un fondo "ad hoc".

300.000 A 20 MILLONES DE EUROS

Para actividades que puedan causar daños "leves" debe haber garantías para afrontar daños de entre 300.000 y un millón de euros; en casos de daño "moderado" llegar a dos millones de euros; para daños "menos graves" ascienden a cinco millones; para los graves a diez millones, y para los muy graves a veinte millones de euros.

El Gobierno última una metodología que permitirá precisar para cada instalación la garantía financiera que debe obtener en función de los daños que pueda ocasionar.

No obstante, quedan fuera de suscribir esta garantía quienes puedan ocasionar daños cuya reparación no exceda de 300.000 euros, y los operadores de daño leve o moderado no estarán obligados a constituir dicha garantía si están adheridos al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS).

Además, la fecha en la que será obligatorio disponer de esa garantía se establecerá por orden del Ministerio de Medio Ambiente, y habrá tiempo para que las aseguradoras preparen seguros dirigidos a estos riesgos.

QUIEN CONTAMINA, PAGA

Medio Ambiente recuerda que la nueva normativa se rige bajo dos principios: el de "responsabilidad del productor" y el de "quien contamina paga", por lo que se establece un régimen de responsabilidad objetiva para quienes atenten contra el medio ambiente en determinados supuestos "aunque no exista dolo, culpa o negligencia".

Hay también un régimen de responsabilidad subjetiva respecto de aquellas actividades que causen daños ambientales o amenazas inminentes mediando dolo, culpa o negligencia.

El Gobierno incide en que, en los últimos años, "recursos públicos que podrían haber sido asignados a otros destinos ineludiblemente de carácter público, tuvieron que destinarse a financiar reparaciones cuya responsabilidad correspondía al sector privado y que, en la inmensa mayoría de los casos, nunca pueden ser recuperados por la falta de mecanismos legales que establezcan claramente la responsabilidad de dichos actos y la obligación de su reparación".