La directiva invierte la carga de la prueba, que ahora recae en la persona denunciante, a fin de consolidar legalmente la jurisprudencia senada por el Tribunal de Justicia Europeo.

Según la directiva, la igualdad de trato "implica la ausencia de toda discriminación basada en el sexo, sea directa o indirectamente". Se considerará que hay discriminación indirecta cuando una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutra afecte a una proporción notablemente más elevada de personas de un sexo, a menos que pueda estar justificada por factores objetivos independientes del sexo de los interesados.

Los Estados miembros deberán doptar las disposiciones legislativas reglamentarias y administrativas necesarias para ajstarse a la directiva antes del 1 de enero del año 2001.

En un plazo máximo de dos años después de la puesta en marcha de la directiva, se deberá transmitir a la Comisión Europea información que avale que se está aplicando efectivamente la directiva.