Dicho trabajo, al que ha tenido acceso Servimeda, cifra en un 15% el volumen de directivos encuestados que aplicarían un recorte aún más duro, reduciendo la duración del paro a seis meses, y un 26% se muestran partidarios de considerar individualmente cada caso.

Una amplia mayoría de directivos es partidario de no modificar el importe del subsidio (52%), pero entre los que sí apuestan por esta medida (48%), el 45% lo haría haciéndo que la cuentía de la prestación fuese igual al salario mínimo interprofesional (SMI).

Pese a esta clara disposicón a la reforma y la desconfianza en el Estado del Bienestar, los directivos españoles saben que no es posible ni política ni culturalemnte realizarla de golpe, y por ello ofrecen una respuesta abrumadoramente favorable a que no se recorte el Salario Mínimo Interprofesional (93%).

Sin embargo, los directivos muestran una alta sensibilidad en el fraude al INEM, ya que un 82% de los interrogados está a favor de que las personas que cobren el subsidio de paro realicen, como compensación, un trabajo de tio social, cvon el fin de mejorar su autoestima y de paso acabar con buena parte de la economía sumergida ligada al desempleo.

Otras medidas demandadas por los directivos en la encuesta es la flexibilización del mercado laboral, reduciendo la indemniación por despido improcedente a 20 días, con el tope máximo de un año, y suprimiendo la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo, opiniones que, en parte, están recogidas ya en la última reforma laboral.

En esta línea de eformas, los encuestados demandan más facilidad legal para la movilidad funcional y geográfica de sus plantillas, la polivalencia, la retribución variable ligada a la productividad y la flexibilidad de horarios en función de las necesidades del mercado.

Dichas demandas reconocen también una necesidad de inversión en formación de los trabajadores, pero señalan que dichos desembolsos deberían estar incentivados, al igual que las demás inversiones productivas, con un tratamiento fiscal más favorable, un ntorno político económico estable y la descentralización de la negociación colectiva.