A juicio de esta organización patronal, "del examen de la ley se colige una excesiva discrecionalidad en la calificación de las infracciones y en la imposición de las sanciones, y en especial de las queson denominadas como accesorias".

La asociación basa su solicitud al Defensor del Pueblo en que la norma conculca los principios constitucionales de legalidad, el derecho a la tutela judicial efectiva y la no indefensión de las personas.