Esta cantidad es prácticamente idéntica a la abonada en el mismo periodo del año precedente, que marcó un record, no en la litigiosidad dirimida en los tribunales, pero sí en las cuantías indemnizatorias resultantes.

De las cantidades fijadas por los tribunales, 25.901 millones correspondieron a indemnizaciones de despido establecidas en los casos en que las rescisiones de contratos fueron consideradas ilegales y no hubo acuerdo previo entre las prtes.

Otros 54.562 millones de pesetas correspondieron a pagos impuestos a empresas condenadas por conflictos individuales distintos a los despidos, como los derivados de sanciones, impagos de sueldos y atrasos, entre otras cosas.

Los 2.175 millones restantes son las cantidades fijadas por los tribunales en reclamaciones sobre irregularidades relacionadas con la Seguridad Social, como la no afiliación o cotización, y el impago de prestaciones, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Estas cifras son las consignadas en los cuestionarios estadísticos que mensualmente cumplimentan los Juzgados de lo Social, y que, según Ministerio de Trabajo, probablemente están infravaloradas debido a que en el momento de rellenarlos no se conocen todas las cantidades.

POR COMUNIDADES

Por otra parte, Cataluña fue la comunidad autónoma en donde recayó una mayor parte de estas indemnizaciones, al totalizar 16.827 millones de pesetas, por delante de Madrid, con 15.424 millones, y Valencia, con 7.47.

El resto correspondieron a Andalucía (7.647 millones), Aragón (5.411), Asturias (1.670), Baleares (1.455), Canarias (2.410), Cantabria (1.409), Castilla La Mancha (3.113), Castilla y León (2.911), Extremadura (1.424), Galicia (5.030), Murcia (2.251), Navarra (289), País Vasco (6.377), La Rioja (723), y Ceuta y Melilla (194,7).