La CLI agrupa a una decena de organizaciones profesionales de los ámbitos jurídico, informático, de márketing y sindical y, aunque no tiene personalidad jurídica propia, sus miembros sí, por lo que la acción popular será ejercida en su nombre por las entidades-miembr que así lo decidan. El abogado Diego López Garrido, especialista en legislación sobre protección de datos personales, será el encargado del caso.

Esta iniciativa pretende determinar las responsabilidades de los implicados en el caso, ya sean entidades públicas o privadas, según manifestó Luis Otero, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

"En el caso de las empresas privadas", añadió Otero, "se tratará también de determinar si aquellas que adquirían los datos a las empreas implicadas eran conocedoras del origen fraudulento de los mismos y, en tal caso, qué personas decidían sobre tales compras".

Asimismo, los promotores de la acción popular persiguen que "la falta de una legislación específica sobre protección de datos impida la sanción a los implicados".

Por su parte, Rafael Fernández Calvo, representante de la Asociación de Técnicos de Informática (ATI), indicó que la CLI tratará de saber si, además de si algún funcionario ha podido traspasar ilegalmente ficheos públicos a estas empresas, la Administración ha incurrido en la "omisión del deber de custodia" de dichos ficheros.

Fernández Calvo subrayó las propuestas de la Asociación de Informáticos de la Administración Pública (Asiap) acerca de que "es imprescindible reforzar y, desgraciadamente, en otros casos establecer por primera vez mecanismos eficaces que garanticen la seguridad de los datos que la Administración pública custodia".

Por otro lado, los portavoces de la CLI insistieron en la necesida de que la reforma del Código Penal incluya la tipificación como delito de la violación de la intimidad de los ciudadanos mediante la informática.

12 AÑOS DE RETRASO

El representante de UGT en la CLI, Antonio Farriols, denunció "el retraso de 12 años" en llenar el vacío legal en esta materia.

Por su parte, Jorge Aragón, de CC OO, calificó la desarticulación de la red de datos informáticos como un "aviso a los ciudadanos" que aumentará su conciencia sobre el asunto, al tiempo que señala "las insficiencias" del actual proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales (Lortad).

Por su parte, Elena Gómez, de la Asociación Española de Márketing Directo (AEMD), anunció que esta organización aprobará próximamente un Código Etico de Protección de Datos, de obligado cumplimiento para sus miembros, con el fin de garantizar adecuadamente los derechos de los interesados.

Según precisó Gómez a Servimedia, dentro de tres semanas la AEMD celebrará una reunión conrepresentantes del Ministerio de Justicia para "homologar" dicho código y, previsiblemente en el plazo de un mes, podría aprobarlo la asociación.

La AEMD cuenta con 130 miembros, de los cuales 35 son compañías de venta por correo; 26, empresas de venta directa y el resto, usuarios de esta clase de servicios, como algunos grandes almacenes.

Gómez precisó que la empresa acusada de traficar ilegalmente con datos, Publigest, fue rechazada por la Comisión de Admisión de la AEMD hace 2 años por no reunr las suficientes garantías.

El código que la Asociación Española de Márketing Directo estudia implantar entre sus asociados define los mecanismos que deben respetar estas empresas para que, tanto en la compilación de datos, como en el uso que se haga de ellos, los derechos de los consumidores queden salvaguardados.

Así, los miembros de AEMD deberán aceptar la petición de una persona de no recibir ofertas, incluso si es realizada por vía telefónica o fax. También comprende el código medidas que grantizan la confidencialidad de los datos, así como las condiciones de su transferencia a terceros.