En una respuesta escrita a una pregunta formulada por la diputada socialista Elvira Cortajarena, a la que ha tenido acceso Servimedia, el Gobierno señala que durante el año pasado la Inspección de Trabajo emprendió 259 actuaciones contra empresas por incumplimiento de la reserva de empleos para personas con minusvalía en todas las comunidades, con excepción de Extremadura y Asturias, en las que no efectuó ninguna actuación.

Sin embargo, sólo en cutro autonomías, Canarias, Castilla y León, Galicia y Valencia, se impuso sanción económica a alguna de estas empresas y, en conjunto, estas multas sumaron 800.000 pesetas.

En Canarias, donde la Inspección emprendió 40 actuaciones relacionadas con el imcumplimiento de la normativa que obliga a las empresas privadas con más de 50 trabajadores a reservar el 2 por ciento de los puestos de trabajo a personas con discapacidad, impuso sanciones económicas por valor de 250.000 pesetas.

En Castilla y Leónlas sanciones económicas ascendieron también a 250.000 pesetas, en Galicia a 50.100 pesetas y en la Comunidad Valenciana a 250.005 pesetas. En el resto de comunidades no hubo sanciones económicas, pese a que en alguna, como Cataluña, se emprendieron 99 actuaciones.

Durante el trieno 1998-2000, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inició 833 actuaciones en materia de observancia de la normativa relativa a la reserva de empleo para discapacitados en las empresas e impuso sanciones por un valor toal de 3.400.205 pesetas.

Las comunidades donde se acometieron un mayor número de actuaciones por este motivo fueron Murcia (177), Andalucía (192) y Cataluña (140) y en las que menos Ceuta (0), Melilla (0), Navarra (1), Aragón (2), Extremadura (3), Asturias (4), Cantabria (4), La Rioja (5) y País Vasco (10).

En Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla no se impuso sanción económica alguna durante el citado trienio.