Según Asemfo, las Administraciones Públicas españolas otorgan una situación de privilegio y de dominio de mercado a Tragsa, cuya titularidad recae en un 80 por ciento en el Fondo Estatal de Garantía Agraria y en un 20 por ciento en Patrimonio del Estado, a su filial Tragsatec y a sus empresas participadas: Aaprovechamiento Integral de Residuos, Cytasa, Transformaciones Portuguesas y Trepco.

En este sentido, Asemfo, que agrupa al 80 por ciento de las empresas españolas del sector frestal, considera que las Administraciones central y autonómicas no respetan los principios y normas de adjudicación de los contratos públicos.

La asociación argumenta en su denuncia que las Administraciones han concedido a Tragsa derechos exclusivos y especiales, ya que entiende que los encargos directos que hacen a la empresa pública vulneran los principios, nacionales y comunitarios, que deben regir la ontratación pública.

Asemfo sostiene que el Grupo Tragsa tiene un régimen privilegiado de fianciación, ya que los encargos directos desde el Estado le aseguran un volumen anual de trabajo, mientras que las empresas privadas de servicios forestales deben competir entre ellas.