En la norma, que está en trámite en el Congreso, se establece que en ocho años las compañías deberán tener un mínimo de un 40% de mujeres en los consejos de administración. El Instituto de la Empresa Familiar, en un artículo incluido en el último número de su revista, recogido por Servimedia, aplaude las intenciones de la ley, pero crítica algunas de sus medidas.

Señala que una vez que cumplen la ley, el "principal deber" de las empresas "es el de ser competitivas y generar empleo y riqueza. Si, además, desean participar en un objetivo de carácter social deben poder hacerlo, pero de forma libre y voluntaria".

Además, "el liderazgo de las empresas no puede ser condicionado por un sistema de cuotas. En los consejos de administración deben estar los mejores, los que acumulen mayor experiencia, conocimiento y visión estratégica, con independencia de su raza, sexo o religión".

El Instituto de la Empresa Familiar afirma que "está empíricamente demostrado que el trabajo en equipos en los que existe paridad de sexos es más eficaz".

"Ésta es la visión desde la que hay que trabajar. Difundir la competitividad que gana la empresa con la igualdad y hacer que ésta sea posible mediante prácticas de conciliación laboral y no mediante la imposición de normas que pueden mermarla", añade.

También expresa críticas contra el "exceso de celo" que supone el "permitir lo que jurídicamente se denomina 'inversión de carga'", esto es, que el hombre, ante denuncias de discriminación o acoso, deba demostrar su inocencia.

"Existen delitos tan deleznables como el acoso sexual, por ejemplo la violación o el narcotráfico, pero a lo largo de la historia de la democracia, aún en momentos en que han generado gran alarma social, nunca se ha intentado combatirlos limitando la presunción de inocencia, por eso tampoco se debería hacer en este caso", concluye el Instituto de la Empresa Familiar.