Según informó hoy a Servimedia José Zmarriego, director general de la asociación, sus servicios jurídicos estudian la interposición de un recurso que se sustentaría tanto en cuestiones de forma, como de fondo.

En unas jornadas sobre la orden ministerial, organizadas por la industria y el Instituto de Estudios Farmacéuticos, Alfredo Dagnino, letrado del Consejo de Estado, apuntó que la regulación que ha realizado el ministerio a través de una orden ministerial puede exceder la habilitación que para este fin concede la Ley del Medicamento,"que estaría reservada casi a listados de medicamentos y precios".

En su opinión, hubiera sido oportuno reglamentar todo el sistema de precios, ya que el alcance de las modificaciones introducidas con esta norma "crea disfunciones en la normativa vigente", dijo.

El letrado reconoció, sin embargo, que es loable la intención del ministerio de adoptar medidas de contención del gasto público en farmacias, lo que sería cuestionable, a su juicio, es la oportunidad y la introducción de esta medida a traés de la enmienda a la Ley de Cohesión en su paso por el Senado.

Por su parte, Farmaindustria, por boca de su director, Julián Zabala, calcula que la orden ocasionará unas pérdidas de 322 millones de euros (precio venta de laboratorios) a estas empresas, lo que supone un 4,5% sobre el total del mercado.

Desde la patronal de los laboratorios farmacéuticos se pide a la Administración la introducción de un sistema gradual, como el italiano, que limita el impacto al 20% del precio de un medicamento yal 10% de la facturación de una empresa.