El documento de partida, que hoy presentó Narbona a distintas organizaciones, al mundo jurídico y empresarial, responde a la "necesidad urgente" que tiene España de hacer frente a la "gravísima carencia" de legislación sobre responsabilidad ambiental.

"Nuestra opción es un texto en el que se obliga a las empresas potencialmente contaminantes a que tengan una póliza, un seguro o cualquier otra forma de aval financiero con el que puedan cubrir los daños que causen", explicó.

El deseo del Gobierno, añadió, es ir fortaleciendo esa exigencia de responsabilidad ambiental, tanto por la vía penal, que se verá reforzada con la creación de una fiscalía especializada en delitos ecológicos que recoge el anteproyecto de la Ley de Montes, como desde el punto de vista administrativo, a través de la norma hoy presentada.

En su opinión, ese seguro es "totalmente necesario" para que las empresas se planteen con el máximo rigor las tecnologías que utilizan. "Sólo cuando se internalizan de verdad los costes de contaminar hay un incentivo y una mayor prevención". "Es la vía para combatir de una manera más eficiente comportamientos irresponsables", insistió.

Por último, el proyecto también establece un fondo estatal para cubrir aquellos daños que no sean resultado de un incumplimiento de la ley o cuando se produce una contaminación no contemplada como posibilidad o que vaya más allá de la responsabilidad del empresario. "Se trata", concluyó, "de cubrir todos los supuestos".

Este anteproyecto, que deja fuera los accidentes por contaminación marítima y nucleares, supone la trasposición de una directiva europea cuya plazo concluye en el año 2007 y que el Gobierno quiere tener en marcha en este año 2005.