Así se desprende del estudio presentado hoy por Transparencia Internacional que ha elaborado un "Índice de Fuentes de Soborno 2006" con la opinión de más de 11.200 ejecutivos y directivos de un total de 125 países en los que operan las principales empresas.

Según este índice, España ocupa el puesto 13 de una lista de 30 países que está liderada por Suiza, Suecia, Australia, Austria y Canadá como los estados en los que menos percepción de corrupción existe por parte de las empresas. En el lado opuesto se encuentran India, China y Rusia.

El presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, valoró el puesto logrado por España. "Para algunos será mediano y para otros mediocre, pero la realidad es que obtiene una puntuación de 6,63 sobre 10, lo que sería un aprobado rozando el notable, por encima de países como Francia (15) o Italia (20)", indicó.

Para Antonio Garrigues, presidente de la Fundación Ortega y Gasset y miembro del Consejo de Adminitración de Transparencia Internacional, el objetivo de este tipo de estudios es medir la corrupción en sus distintas perspectivas. En esta ocasión se ha tratado de conocer cómo valoran las propias empresas las políticas anticorrupción que se ponen en marcha.

EL SOBORNO NO ES RENTABLE

A su juicio, es cierto que la corrupción sigue aumentando y es cada vez más sofisticada, pero también es cierto que las empresas cada vez son más conscientes de que sobornar a funcionarios públicos empieza a no ser rentable.

La corrupción, añadió, elimina las posibilidad de un crecimiento serio y para los países en desarrollo conseguir eliminarla en un 50% supondría un "admirable salto económico".

Por su parte, Jesús Sánchez, secretario general de la Fundación Ortega y Gasset y también miembro de Transparencia Internacional, dijo que lo más eficaz para abordar esta corrupción en las transacciones de las empresas es a través de un sistema fiscal que obtenga información exhaustiva de las mismas que pueda utilizarse para detectar irregularidades.

Sobre esta cuestión, explicó que las acuerdos anticorrupción de Naciones Unidas y de la OCDE han servido para promulgar leyes en la mayoría de los países (España convirtió el soborno en delito en el año 2000) pero advirtió que aún existen "lagunas".

"Hay países que no han puesto en vigor los acuerdos internacionales y otros que tienen una norma al respecto pero no los instrumentos de persecución necesarios", lamentó Sánchez.

En su opinión, falta el esfuerzo de las Administraciones Públicas para dotarse de mecanismos transparentes de vigilancia. "La información se tiene, faltan los análisis de esa información", concluyó.