El secretario general de la CEOE, José María Lacasa, compareció hoy en la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, en el Congreso.

En su intervención, incidió en la "gravedad" del absentismo laboral en España que, según sostuvo, no ha dejado de incrementarse en los últimos años, con repercusiones negativas para la competitividad y la productividad empresarial.

Según los datos de la CEOE, el gasto en prestaciones económicas por enfermedad común o accidente ha crecido un 141% en diez años, y la población que se ha acogido a esta prestación lo hecho en un 40%.

De este modo, "más de un millón de trabajadores por cuenta ajena y cerca de 215.000 por cuenta propia no producen ningún día del año" por estar de baja, lo que supone más del 6,5% de la población trabajadora.

La patronal propone, en primer lugar, llegar a un acuerdo con el Gobierno y los sindicatos para habilitar a las mutuas para dar el alta a los trabajadores; en segundo lugar, que se pongan en marcha mecanismos de verificación y control de estas bajas; y, en tercer lugar, que se establezca un procedimiento sancionador "por utilización fraudulenta de la situación de baja".

Además, la CEOE planteó a los grupos parlamentarios la necesidad de suprimir la obligación empresarial del pago de esta prestación a partir del cuarto día de baja (actualmente, el pago abarca hasta el día 15) y de desarrollar campañas informativas y de sensibilización para acabar con "la permisividad social que actualmente existe", en su opinión, en torno al absentismo.

COSTES SOCIALES

Lacasa defendió, en su comparecencia, que "la reduccion de los costes sociales de las empresas comporta un efecto beneficioso para su competividad y, en consecuencia, para el empleo".

Desde su punto de vista, de hecho, "el sistema de seguridad social puede constituirse en un elemento penalizador del empleo y de la competitividad", ya que las compañías españolas compiten con otras de otros países donde no existe esta "presión".

Por ello, la CEOE "no renuncia" a que se reduzcan las cotizaciones sociales empresariales, más aún dadas las graves dificultades a las que actualmente se enfrentan las empresas, y reivindicó los "efectos favorecedores" que esto implicaría para el mantenimiento del empleo, es decir, para "poner límites al desempleo".

En concreto, reclamó que se rebajen dos puntos las cotizaciones a la Seguridad Social. Según sus cálculos, esto no provocaría una reducción del fondo de la Seguridad Social, ya que se elevaría el número de empleados cotizantes.

En la situación actual de crisis, dijo Lacasa, es "imprescindible" y "urgente" que el Estado financie políticas activas de empleo. "Las organizaciones empreariales no compartimos el criterio de aportación cero del Estado al gasto de desempleo", añadió.

Para la patronal, además, "es inevitable abordar reformas de carácter estructural" para que se cumpla la revisión del cuadro macroeconómico aprobada por el Gobierno el pasado viernes y la crisis esté superada en 2012.

Por último, el secretario general de la CEOE aludió a las "controvertidas" pensiones de viudedad y orfandad que, a su juicio, deben adaptarse a la nueva realidad social (incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ley de igualdad, divorcio, prolongación del período formativo de los hijos y retraso de su acceso a un empleo, envejecimiento de la población española, descenso de la natalidad, etcétera) y "deben pesar sobre el sistema público" (es decir, sobre los impuestos).