De este modo, a partir de ahora, el empresario está obligado a efectuar una evaluación basada en los niveles de ruido al que se expone a los trabajadores.

Asimismo, el empresario deberá establecer y ejecutar un programa de medidas técnicas y de organización, que se integrarán en la planificación de la actividad preventiva de la empresa.

Otra de las novedades del Real Decreto es la regulación de las disposiciones encaminadas a evitar o reducir la exposición al ruido, de manera que los riesgos puedan eliminarse en su origen o se reduzcan al nivel más bajo posible.

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la nueva norma, que deroga otra anterior e incorpora el contenido de una Directiva europea, "servirá para mejorar las condiciones de seguridad y salud de un amplio número de trabajadores".