Esta es una de las conclusiones del estudio "Ciudadanía y discapacidad", incluido en el último informe anual de la Fundación Encuentro sobre la situación de España, presentado hoy.

El informe asegura que la discriminación que generalmente lleva aparejada la discapacidad, su más baja formación y cualificación profesional y los prejuicios empresariales hacen del desempleo en este colectivo un problema que alcanza cotas de "veradero escándalo político y social".

La tasa de desempleo de las personas con minusvalía en los países industrializados es el doble o el triple de la que padecen las que no tienen discapacidad. En España, esta cifra se situaría alrededor del 31 por ciento de la población española con discapacidad.

El sector de actividad donde más se solicita empleo es el de servicios, donde recae alrededor del 48,5 por ciento de las demandas, seguido de la industria.

CONTRATO ESTABLE

La ocupación de las peronas con discapacidad no sólo es escasa, sino que en la mayor parte de los casos es de baja cualificación. Solamente un 19,1 por ciento son operarios cualificados, frente al 60,1 por ciento de los no especializados. Esta ocupación en categorías laborales de baja cualificación se ve compensada por la estabilidad en el empleo.

El estudio incluye datos porporcionados por la empresa Fundosa Social Consulting, según los cuales el 68 por ciento de las personas empleadas tiene una modalidad contractual estabe.

El informe destaca como "paradójico" el hecho de que las empresas de menos de 50 trabajadores, que no tienen obligación de contratar a minusválidos, sean las que más contratos de estas personas realizan y las que más contratos indefinidos han promovido.

Sobre la actitud de los empresarios a la hora de contratar discapacitados, el estudio concluye que si el trabajador con minusvalía se adecua a las condiciones que marca el mercado de trabajo y se ajusta al perfil necesario para el puesto desde l punto de vista de la rentabilidad y la competitividad, es probable que el empleador considere su opción.

"Pero aun reuniendo estas condiciones, puede que la empresa prefiera un candidato sin minusvalía (renunciando a las subvenciones económicas), porque tal vez entiende que de esta forma elimina una serie de factores de riesgo (bajas laborales, bajo rendimiento, presencia de personas ajenas a la empresa como el personal de intermediación", agrega el estudio.

Durante el coloquio posterior a la pesentación del informe, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Rafael de Lorenzo, consideró muy importante este estudio, porque dijo que aborda con normalidad, pero con rigor, un problema como el de la discapacidad.