Los denunciantes informaron que el proceso detectado prolifera de modo espectacular en las últimas semanas, aparentemente en la más absoluta impunidad.

Por ello, la Unión de Pequeños Empresarios de la Construcción (UPECO), a través de su secretariado provincial, Javier Hunt, decidió pedir a los ayuntamientos de los municipios más afectados y a la Inspección de Trabajo de la Junta de Andalucía su colaboración para resolver la situación y castigar a los responsables que, según los perjudicados, proceden en su mayoría de la provincia de Badajoz y de la región portuguesa del Bajo Alentejo.

Los empresarios de la comarca de Aracena han denunciado la presenia de ese elevado número de empresas ilegales españolas y portuguesas, por considerar que el fenómeno se traduce en una alarmante competencia desleal que está ocasionando importantes pérdidas económicas para las firmas asentadas en la zona y que poseen una situación legalizada.

Según los denunciantes, las empresas ilegales detectadas y que compiten en precio con las legalmente establecidas, no pagan los preceptivos impuestos ni las cotizaciones a la Seguridad Social.