Esta es la principal novedad incluida por el Gobierno en la nueva regulación da la cartilla agraria presentada por la directora general de Empleo, Auroa Domínguez, a los secretarios generales de las federaciones del campo de CCOO, José Fuentes, y de UGT, Pedro Cortés, según informó hoy este último a Servimedia.

Los representantes de ambas centrales, según Cortés, valoraron positivamente el ambiente receptivo de la Administración a las peticiones que pretenden introducir en la reforma de la cartilla agraria, entre las que destaca hacer constar la cuantía económica a percibir durante la contratación y el periodo de duración de esta.

La propuesta e reforma de la cartilla agraria se enmarca en el desarrollo del acuerdo general sobre el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) alcanzado por el Gobierno y los sindicatos en febrero del año pasado, y que a juicio de las centrales ha sufrido ya varios imcumplimientos.

INCUMPLIMIENTOS DEL REASS

Entre los aspectos del REASS que, a juicio de UGT, ya deberían funcionar están los planes de formación ocupacional, que garantizan un curso para cada trabajador eventual con menos de 25 años drante un mínimo de 250 horas lectivas y con una remuneración equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Para Pedro Cortés, otro de los acuerdos de febrero de 1990 que aún no ha sido desarrollado es el de la reforma del REASS, cuya finalidad es "hacer que los trabajadores del campo por cuenta ajena tengan los mismos derechos que los recogidos en el Régimen General de la Seguridad Social".

Las ayudas estatales para la protección a la familia, que pasaban de 250 a 3.000 pesetas por mes y ijo, y la creación de los consejos comarcales tripartitos -con igual representación de la Administración, los empresarios y los sindicatos-, para controlar y gestionar el reparto de los subsidios agrarios, son otros de los incumplimientos en los que, según UGT, ha incurrido el Ministerio de Trabajo.

La reforma de la cartilla agraria presentada ayer por Trabajo a los sindicatos es la segunda inicitiva que realiza este departamento en el marco de los acuerdos del REASS desde que estos fueron firmados. L primera es la entrada en vigor desde el pasado mes de diciembre de los nuevos subsidios agrarios.

Dichos subsidios están incluidos en las partidas presupuestarias del Gobierno para el Plan de Empleo Rural (PER) en 1991, y que supondrán el desembolso de 127.000 millones de pesetas durante el presente ejercicio, un 19,7 por ciento más que el año pasado.

ESCASO PRESUPUESTO

Tanto UGT como CCOO niegan verosimilitud a estas cifras, ya que, a su juicio, se han introducido en ellas las inversiones preistas por el Gobierno para grandes obras de infraestructura, que alcanzarán los 49.776 millones de pesetas, y las inversiones previstas por las comunidades autónomas, que se aproximarán a los 62.000 millones.

Ambas centrales consideran que "el dinero que realmente irá a parar a las oficinas del INEM de Extremadura y Andalucía para pagar los subsidios a los parados del campo son los 15.822 millones de pesetas recogidos por los convenios del INEM con las corporaciones locales, y que suponen un increment real del 3,5 por ciento".

Para Pedro Cortés, esto supone un pérdida del poder adquisitivo de los parados del campo en 1991, ya que dispondrán de menos dinero que en 1990 para cubrir las peonadas trabajadas y además deberán hacer frente a un incremento del IPC que el Gobierno prevé del 5 por ciento a finales de este año.