Camp ha dado de plazo hasta mañana martes para sacar adelante su propuesta, que implica la permanencia de la empresa en suspensión de pagos en Mallorca, con la recolocación de 130 trabajadores, a cambio de la garantía de que él se quedará con la propiedad de mas marcas que comercializa Yanko.

Camp, ex propietario de una empresa de detergentes, cambió de actitud ante la insistencia del Gobierno balea, con quien mantuvo contactos durante el fin de semana.

Yanko adeuda a Hacienda, la Seguridad Social y el Fondo de Garantía Salarial más de 1.000 millones de pesetas, por lo que la Administración central es el principal acreedor de la empresa, que se encuentra en suspensión de pagos desde 1.993.

Como representante político, el delegado del Gobierno en Baleares, Gerard García, se ha negado a firmar el convenio por considerar que es "ilegal" obligar a los acreedores a renunciar a quedarse con las mrcas de Yanko para resarcirse de sus deudas en un eventual proceso de quiebra.

Según García, la Administración central, en su condición de acreedora, no puede comprometerse a que salga beneficiada la familia Camp para adquirir las marcas de Yanko una vez se produzca el proceso de quiebra voluntaria, paso previo recogido en el convenio.

El consejero balear de Economía, Jaime Matas, se ha mostrado "pesimista" sobre los resultados finales de las negociaciones y consideró lógicas las peticiones del iversor, "porque si no tiene garantías de adquisición de la marca puede venir cualquier oportunista en el momento de la quiebra y quedarse con la propiedad sin ningún compromiso de recolocación de los trabajadores".