El escape de SO2 que dió origen a este proceso judicial se produjo el 4 de septiembre de 1988, fecha en la que, coincidiendo con una avería en la empresa Rontealde, se detectó en Baracaldo una nube de gas contaminante.

Dos personas tuvieron qe ser ingresadas en un centro hospitalario, falleciendo una de ellas posteriormente. Otros vecinos de la localidad sufrieron trastornos respiratorios.

La sentencia dictada por la Audiencia provincial de Vizcaya aplica el principio que establece el beneficio de la duda en favor del procesado, al estimar que no hay datos suficientes para probar con exactitud los datos de esa emisión contaminante ni tampoco que hubiese superado los límites legales.

El tribunal destaca también en su fallo que la garatía constitucional a disponer de un medio ambiente adecuado es responsabilidad de los órganos administrativos, mediante el establecimiento riguroso de controles, "que quizás en el presente caso se han manifestado insuficientes".

El grupo ecologista EKI ha criticado esta sentencia en un comunicado en el que afirma que "la complacencia de la Administración con esta empresa, y la ausencia de una respuesta judicial, sólo pueden contribuir a alimentar el escepticismo y el desánimo de la sociedad".

La mpresa Rontealde esta pendiente de un nuevo proceso judicial por otro escape contaminante de SO2 que se detectó a finales del pasado mes de octubre, y tras el cual falleció también una persona.