García Margallo aseguró en rueda de prensa que la actuación de la inspección de Hacienda para cobrar esa deuda fue paralizada recientemente por una orden del jefe de la Oficina Nacional de Inspección, que el diputado popular atribuyó a presiones políticas del Gobierno.

Por su parte, el director gerente del Canal, Roque Gistau, explicó hoy a Servimedia que est empresa se encuentra sujeta al mismo régimen fiscal que el Estado, por lo que no debe pagar el Impuesto de Sociedades, tal como establece su propio reglamento, promulgado en 1977.

Gistau mostró su sorpresa ante las cifras barajadas por García Margallo, y subrayó que el Canal difícilmente podría estar obligado a pagar 61.000 millones de pesetas por el Impuesto de Sociedades de cinco ejercicios cuando su facturación en ese periodo se situó en unos 100.000 millones.

Añadió que no tiene constancia d ninguna acta de infracción levantada por la inspección de Hacienda, aunque sí de las dudas planteadas por el inspector enviado este año por el Fisco sobre el régimen tributario al que está sujeto el Canal.

El inspector abrió un expediente por el impago del impuesto durante los últimos cinco años (los anteriores habrían prescrito), por entender que la Ley General Tributaria, promulgada con posterioridad al reglamento del Canal, debería prevalecer sobre éste.

Según Gistau, la situación tributaria el Canal quedó clara en una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado, realizada con motivo del traspaso del Canal de Isabel II a la Comunidad de Madrid, que se produjo en 1985. La auditoría reiteró que el régimen fiscal del Canal es el mismo del Estado.

Gistau confirmó asimismo que el Canal sí tendrá que empezar a pagar el impuesto de sociedades, en caso de tener beneficios, a partir de 1992, como consecuencia de una enmienda introducida por el PSOE durante la tramitación e Senado de los Presupuestos del Estado.

A este respecto, García Margallo afirmó que esa medida equivale a una "amnistía fiscal encubierta" para el Canal de Isabel II, con la que se pretende hacer "borrón y cuenta nueva" tributario para esta empresa.

El diputado popular exhibió un informe emitido por la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria a petición de los inspectores encargados del caso, en el que se afirma el Canal de Isabel II está sometido al régimen general del Impuesto deSociedades, y por tanto a su pago, desde 1984.

Con posterioridad a este informe, una orden del jefe de la Oficina Nacional de Inspección, de fecha 26 de junio de 1991, anuló todas las actuaciones realizadas, dando por buena la situación fiscal del Canal.

El diputado popular achacó esa orden a presiones políticas del Ejecutivo dirigidas a "paralizar irregularidades fiscales muy graves" que, a su juicio, deberían ser solventadas en los tribunales.