En el manifiesto, UGT y CCOO explican que la huelga del 27 es una movilización en favor del empleo y a solidaridad, que, a su juicio, "hoy están en peligro, mucho más después de las medidas sociolaborales adoptadas por el Gobierno", y hacen un llamamiento a toda la sociedad a que reaccione con una amplia respuesta social, "ahora que estamos a tiempo para corregir esta grave situación".

UGT y CCOO creen que la crisis económica no es la única causa del alto paro existente en España y responsabilizan de ello a la política económica del Gobierno, "que frenó el crecimiento ha estancado el desarrollo indusrial y descarta la reactivación con un resultado catastrófico: el más elevado nivel de desempleo de nuestra historia y, con creces, la mayor tasa de paro del entorno, hasta el punto que duplica largamente la media de la CE".

Para los sindicatos, en medio de esta "situación de crisis que genera paro y marginación", paradójicamente el Gobierno de Felipe González está aplicando una política que disminuye la protección social y amenaza el actual sistema de pensiones y la plena asistencia sanitaria pública

Las centrales que lideran Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez hacen un repaso de las fallidas negociaciones del pacto social y explican que fue la necesidad de un amplio compromiso social por el empleo y la solidaridad lo que les llevó a asistir "ilusionados" a estas negociaciones, al tiempo que dejan claro que ha sido el Gobierno el que no ha querido negociar.

UGT y CCOO insisten en que los sindicatos fueron a la negociación con alternativas, que fueron recogidas en el documento "Bases para un cuerdo por el empleo" y que, en su opinión, son viables ecomica y presupuestariamente y su eficacia para relanzar el empleo y el bienestar social es "incuestionable".

En el manifiesto, los sindicatos recuerdan estas alternativas, entre las que figuran la reducción del coste del dinero para las empresas, aumento de la inversión pública, una política industrial activa, moderación equitativa del conjunto de las rentas, control de los precios de los servicios para reducir la inflación, mayor estabilidad d los contratos laborales y el mantenimiento y mejora de la protección social.

"NO HA QUERIDO NEGOCIAR"

Las centrales sindicales denuncian que, a pesar de su interés por alcanzar un pacto y haber presentado alternativas, "el Gobierno no ha querido negociar y ha hecho del mantenimiento de su política económica un ejercicio de autoridad, a pesar de la triste evidencia de su fracaso, en términos de desempleo y acentuación de situaciones de marginación".

Los sindicatos creen que este desinterés del jecutivo por la negociación ya quedó patente en las decisiones presupuestarias que adoptó y se ha confirmado con la reforma laboral aprobada, que, a su juicio, "supone un cambio sin precedentes por su carácter profundamente regresivo".

UGT y CCOO explican las negativas consecuencias que tendrá para los trabajadores y el empleo la reforma laboral aprobada, pero creen que todavía hay tiempo para corregir esta situación, por lo que hacen en su manifiesto un llamamiento a los trabajadores a que participen"conscientes y pacíficamente" en el paro.

Los sindicatos extienden este llamamiento a la participación a los estudiantes, los desempleados, los pensionistas, los jóvenes y todos los ciudadanos y colectivos sociales en general, con el fin de exigir al Gobierno "una política de empleo y solidaridad".

Para UGT y CCOO, con las medidas laborales aprobadas por el Ejecutivo, la huelga general es "obligada". Los sindicatos aseguran que estas medidas suponen "un verdadero cambio de modelo, rompiendo la cohesión social de nuestro país, rebajando brúscamente el sistema de cobertura social de los más necesitados y generando una grave indefensión de los trabajadores".

"LAS MEDIDAS MAS REGRESIVAS"

"No resulta exagerado señalar", indica el manifiesto, "que estamos ante las medidas más regresivas que se hayan adoptado nunca desde el inicio de la transición democrática y no tienen comparación con las reformas planteadas por otros gobiernos europeos, incluso los de signo conservador".

A juicio de UGT y COO, estas medidas, "por su enorme calado", suponen reconstituir las relaciones laborales en un nuevo Estatuto de los Trabajadores y "eso no debería hacerse sin consenso y menos aún generando una grave desequilibrio contra los trabajadores y a favor de los empresarios".

UGT Y CCOO están convencidos de que si se lleva adelante la reforma, "la percepción de los trabajadores puede ser muy negativa, al descubrir que su cuadro de convivencia laboral es en origen impuesto, injusto y claramente desventajoso.Algo que chocaría constantemente con el sentido de aceptación, cohesión y equilibrio que presiden las relaciones sociales en la vida democrática".

Por todo ello, creen que "la prudencia social aconsejaría la apertura de un proceso de negociación que modernizar nuestro marco laboral, con la flexibilidad que la adaptación laboral requiera, pero con equidad entre las partes a la hora de los resultados". UGT y CCOO explican en su manifiesto que el rechazo por parte del Gobierno a esta negociación, "nos obiga a la movilización".