Tras la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Almunia explicó esta decisión por considerar que es necesario aprovechar el momento económico para crear puestos de trabajo, dado que el Gobierno "no lo está haciendo" porque "no tiene ideas".

Ante esta situación, añadió, "es obligado" que los socialistas y lo sindicatos aborden "el principal problema" de España en reuniones que podrán derivar en iniciativas parlamentarias o en la puesta en práctica directa de las medidas estudiadas en diversos ámbitos regionales o locales.

En las conversaciones mantenidas hasta ahora, ambos han comprobado la existencia de un "buen porcentaje de coincidencias y muy pocas discrepancias" en materia de empleo y han constatado la crítica a la actitud del Gobierno en la cumbre de Luxemburgo, afirmó.

Además, socialistas y sndicatos comparten la necesidad de impulsar el reparto del trabajo, las políticas activas de empleo, los mecanismos de formación y reciclaje, el aprovechamiento de los nuevos yacimientos de empleo, y el aumento de los recursos presupuestarios destinados a la financiación de la creación de puestos de trabajo.

Joaquín Almunia expresó su temor a que el plan de empleo estudiado por el Ejecutivo "quiera ser un expediente que hay que cubrir y una foto que hay que buscar". Sin embargo, aseveró, no se trata d una cuestión " de la política de imagen del Gobierno".

Aunque el crecimiento económico y la reforma laboral están teniendo algunos resultados positivos, no lo consideró "suficiente" para crear empleo, por lo que reiteró la necesidad de impulsar "medidas adicionales" que constituyan , en conjunto, una política de empleo.

El secretario general de los socialistas resaltó "los malos resultados" con lo que terminó 1997 en creación de puestos de trabajo y apostilló que hay "demasiada gente pidiendo emleo en España para poder decir que todo va bien".

Además, pronosticó "más crecimiento de precios" en 1998 de lo previsto por el Gobierno, tras asegurar que la inflación del 2% con la que concluyó el año "no ha sido una sorpresa".

Finalmente, consideró "posible" mejorar el IRPF y cumplir "escrupulosamente" los criterios de entrada en la moneda única sin hacer una reforma "injusta" que suponga en la práctica un recorte del gasto social.

Puesto que no puede aumentar el déficit público, prosigui, si el Gobierno renuncia a una parte de los ingresos del Estado por la reducción de impuestos a las rentas más altas, tiene que aumentar la presión fiscal sobre las demás o reducir los gastos sociales. "Cuando un Gobierno de derechas recorta el gasto ya sabemos por donde mete la tijera, por educación, sanidad, y pensiones", concluyó.