Por su parte, fuentes del Inserso aseguraron a Servimedia que desde la dirección no se ha contratado a trabajadores para sustituir a los grabadores en huelga, aunque sí han encargado a una empresa la tramitación exclusiva de las nóminas de unas pensiones que afectan a 250.000 personas afectadas por minusvalía, "para que no se vean perjudicadas".

Según un prtavoz del comité de huelga, el Inserso está incumpliendo la normativa que regula el derecho constitucional de huelga (real decreto 17/77), al utilizar a una empresa privada para realizar las funciones de manipulación y clasificación administrativa de las nóminas de pensiones derivadas de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), que ellos realizan.

Estos trabajadores convocaron una huelga, con el apoyo de la sección sindical de CCOO, para los cuatro primeros días de esta semana, que fe secundada por la totalidad de la plantilla, según el comité de huelga, y para los cuatro primeros días de la próxima semana.

Las reivindicaciones del colectivo son, básicamente, su inclusión en los planes de funcionarización de la Administración, dentro del Cuerpo Especial de Informática, la posibilidad de optar a trabajos de superior categoría y la programación de cursos de formación.

El comité de huelga ha decidido solicitar el arbitraje de la Inspección de Trabajo en el conflicto laboral plateado, puesto que, a pesar de haber pedido antes de la huelga una entrevista con la secretaria general del Inserso, María del Mar Vanaclocha, no han recibido ninguna respuesta.

El mismo portavoz negó los rumores que circulan por el Inserso y que aseguran que la huelga no es legal. "El decreto 17/77 indica que la convocatoria de huelga debe comunicarse a la empresa y la autoridad laboral con diez días de antelación, y nosotros lo hicimos el 7 de junio", indicó.

La convocatoria está firmada por 8 d los 10 trabajadores que componen la plantilla, dado que dos de ellos se encuentran de baja, una por maternidad y otro por un accidente laboral.