El acusado, empleado de Bancaja, reconoci la acusación, según la cual transfirió, manipulando los ordenadores de la sucursal, cantidades de dinero de las cuentas de los ancianos a otra de la que él mismo era titular.

Una auditoria de la propia entidad bancaria demostró la existencia de estas transferencias ilegales que sirvieron de prueba para condenar a su empleado, que en la contabilidad de la caja de ahorros las hizo constar como "ingresos voluntarios de los clientes", según los expertos contables de Bancaja.