Greenpeace considera que los estudios de impacto presentados por Mayasa son "totalmente precarios y no renen las mínimas características técnicas, científicas y jurídicas exigidas por la ley".

Según reconocen los propios estudios de la empresa, las emisiones atmosféricas de las plantas afectarán directamente a las localidades de Almadén, Almadenejos y Alamillo, con una población total de 10.000 habitantes.

Greenpeace considera que los redactores del proyecto han omitido voluntariamente la composición de las emisiones contaminantes y su nocivo impacto para la salud pública y el medio ambiente.

E varios debates entre la organización ecologista y técnicos de Mayasa, estos últimos reconocieron, según Greenpeace, la peligrosidad de los metales pesados, compuestos por organohalogenados (entre ellos dioxinas y dibenzofuranos) y la incapacidad de destruir y eliminar estos contaminantes.

Por otra parte, la Coda destacó entre sus alegaciones el impacto indirecto sobre especies animales protegidas, al emplazarse las plantas en un área calificada por la CE como zona ZEPA (zona de especial protección delas aves).

Según las asociaciones conservacionistas, en el área afectada habitan colonias de aves protegidas, tales como águilas imperiales y reales, cigüeña negra y buitre negro, y mamiferos amenazados por la extinción, como el lince ibérico, gato montés y meloncillo.

Greenpeace incluyó en su informe, además, los dictámenes sobre tratamiento de residuos de varios científicos internacionales. Entre ellos, el doctor Paul Connet, de la Universidad de St. Lawrence (Nueva York), afirmó que "en Estado Unidos se habría escrito un estudio de impacto más completo incluso para permitir la construcción de una gasolinera".

Dolores Romano, responsable de la campaña contra la incineración de residuos de Greenpeace-España, considera que "Mayasa engaña a sus trabajadores y miente a los ciudadanos de Almadén".