Según la Coda, estas acciones, como encadenamientos, sentadas o colocación de pancartas, tienen iempre un objetivo simbólico y pacífico y en ellas los ecologistas no provocan daños materiales, sino que se limitan a llamar la atención sobre las agresiones al medio ambiente.

La coordinadora, que agrupa a más de un centenar de organizaciones, afirma en sus escritos que "la actitud de los distintos órganos de la Administración de Justicia está siendo desproporcionada y represiva", por lo que pide la mediación de las dos instituciones.

La Coda describe dieciséis casos de los que ha tenido conociiento su comisión jurídica y que, a su juicio, ilustran la afirmación anterior. Muchos de los participantes en estas acciones reivindicativas acabaron ante los tribunales.

Además, los conservacionistas se quejan de que los tribunales son muy poco severos con los "delincuentes ambientales", especialmente en los casos de vertidos o contaminación de industrias, incendios forestales o caza de especies protegidas, "lo que contrasta con la dureza hacia los ecologistas".

Las cartas al CGPJ y a la Fiscala General del Estado concluyen con las siguientes palabras: "Solicitamos de este órgano que, considerando esta cuestión en su dimensión jurídica y social, emita instrucciones o recomendaciones a fin de que los órganos de la Administración de Justicia dejen de adoptar medidas policiales o judiciales por actividades simbólicas y pacíficas".