Avelló compareció en la Comisión de Asuntos Exteriores, a petición del PP, para informar sobre la expulsión el pasado mes de diciembre del cósul español en Bata, Diego Sánchez Bustamante, acusado por las autoridades de Malabo de injerencia en los asuntos internos de su país.

El embajador dijo que a pesar de éste y otros incidentes registrados en los últimos meses, España debe mantener su presencia en Guinea, porque "el carácter hispánico de este país es uno de sus principales signos de identidad, lo que le separa del entorno y lo que anima su vida como nación".

Recordó que España ha expresado de forma clara su malestar por las trabas ue se están poniendo desde el Gobierno de Malabo a la democratización, con una reducción a casi la mitad de las ayudas en materia de cooperación.

Sobre el incidente de la expulsión del cónsul en Bata, lo calificó como un gesto "enormemente hostil", el último, añadió, de "una larga serie de acusaciones infundadas contra España" por parte del régimen de Obiang.

No obstante, quiso restar hierro a este conflicto y se congratuló de que la situación en Guinea y las relaciones bilaterales atraviesen ahoa por momentos de menor tensión.

Señaló que Obiang tiene muy claro que los objetivos del Gobierno español son de absoluto respaldo a la democratización del país y que no tiene ningún interés económico "oculto" en aquel estado.

La oposición recibió con satisfacción las explicaciones del embajador y sólo el portavoz del PP, Javier Rupérez, cuestionó el papel jugado por España en Guinea en los últimos años.

Coincidió con Avelló y el resto de portavoces de la oposición en que España debe mantene su presencia en Guinea, pero se distanció en el análisis sobre la gestión desempeñada por el Ejecutivo español, del que dijo que "no ha estado a la altura de las circunstancias". "A veces parece como si quisiéramos ocultar unas relaciones económicas bilaterales que son perfectamente legítimas".

El PP se ha mostrado partidario en los últimos meses de reducir drásticamente la ayuda económica a Guinea por su nula disposición a instaurar la plena democracia, según Javier Rupérez.