En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia explicó que “a esta delegación de competencias se le aplicará la normativa lingüística vigente”. Por eso, no se puede exigir el conocimiento del catalán (ni de ningún idioma) a la hora de autorizar la estancia de una persona extranjera o de ordenar su expulsión. “La lengua no es un requisito” contemplado en la Ley de Extranjería, recalcó.

Eso sí, Saiz quiso alertar contra “el discurso antilenguas cooficiales de Vox, que pretende hacernos retroceder a tiempos oscuros en los que hablar en catalán o en gallego estaba perseguido”. A su juicio, “la lengua es calidad democrática y riqueza” y “cualquier persona de Soria, de Pamplona o de Santo Domingo que vaya a Cataluña sabe que el catalán está presente en el día a día”.

“Está en la publicidad, en los comercios, en el metro, en los medios…”, indicó. “Eso es una realidad”, subrayó, y de ahí que “la lengua sea una importantísima palanca de inclusión e integración en la sociedad”. “Las lenguas nunca restan, siempre suman”, declaró.

Preguntada sobre las críticas de Podemos y de Sumar a la proposición de ley que PSOE y Junts registraron en el Congreso para hacer posible esta delegación, Saiz afirmó estar convencida de que “las fuerzas progresistas nos pondremos de acuerdo porque estamos ablando de derechos humanos”.

Aseguró sentirse “absolutamente cómoda” con el texto, por lo que no compartió los temores de la izquierda parlamentaria sobre el "aroma antiinmigración" que rodea las propuestas de Junts. Invitó a la ciudadanía a leerse el texto con tranquilidad y desde el principio hasta el final, también la exposición de motivos, e insistió en que en ella se exponen “principios acordes con la política del Gobierno” en cuanto a la defensa de los derechos humanos.

Además, apuntó, “la coordinación” que prevé esta norma entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad autonómicos y estatales “siempre es una buena noticia”. Por otro lado, Saiz defendió que “esta delegación de competencias nace del artículo 150.2 de la Constitución española” y que “se aplica con ella en la mano”. La posibilidad de que el Estado recupere las competencias “está perfectamente prevista”, aseguró.