Según manifestaron a Servimedia fuentes de la Fiscalía, una carta dirigida al presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Antonio Gisbert, incluía uno de los puntos importantes de la reforma, el nmbramiento de los fiscales jefes de los Tribunales Superiores de Justicia por un periodo de cinco años, tal como ya ocurre con los presidentes de los tribunales superiores y Audiencias provinciales.

El diario `Abc' publica hoy en primera página el intento de Eligio Hernández de controlar a los fiscales mediante la reforma de su estatuto, aunque Hernández sólo reconoce en un comunicado "la adaptación del régimen disciplinario del Ministerio Fiscal al de jueces y magistrados".

El documento de trabao que según el diario remitió Eligio Hernández al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, pretende endurecer el régimen disciplinario de los fiscales y aumentar los puestos de libre designación por el Gobierno.

En 41 folios de documentación, redactados por el jefe de Inspección Juan José Martínez Zatola, la propuesta de modificación del Estatuto Fiscal estudia variar la redacción de 27 artículos, suprimir 2 e introducir 5 disposiciones transitorias.

Respecto al único precepto legal que permit a los fiscales plantear discrepancias con las órdenes que reciban de sus superiores, el borrador contempla hasta 5 modificaciones para que recortan las facultades del Consejo Fiscal para emitir consideraciones y le dan un papel de mero informador sobre las propuestas de ascensos.

Eligio Hernández quiso salir al paso de la información asegurando que ese documento es anterior a la carta sobre la reforma prevista, enviada a las asociaciones de fiscales, y que, por tanto, el borrador "no tiene valor ofical", ya que "se trata de un simple documento sin ninguna relevancia".

"EXPRESIONES EQUIVOCAS"

Eligio Hernández alerta de la posible eliminación de expresiones "equívocas", en base a las cuales se viene entendiendo que el Consejo Fiscal, órgano corporativo del Ministerio Fiscal, vincula al Gobierno y al Fiscal General hasta hacer creer erróneamente que en el nombramiento de fiscales del Tribunal Supremo puede influir el citado conseo.

En la nueva redacción del artículo 36.1 habría que corregir ete equívoco sobre "los destinos correspondientes a la categoría primera, los de fiscales del Tribunal Supremo y Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, que se proveerán por el Gobierno, a propuesta del fiscal general del Estado".