ELIGIO HERNANDEZ PIDE A LOS FISCALES DE ANDALUCIA QUE LE CONSULTEN ANTES DE CALIFICAR EL FRAUDE AL PER
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El Fiscal General del Estado, Eligio Hernández, ha reclamado a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) todos los procesos abiertos en Granada por supuesto fraude al Plan de Empleo Rural (PER con el fin de "poder orientar futuras calificaciones fiscales", según declararon a Servimedia fuentes judiciales.
Tras la difusión pública de la primera sentencia dictada por la Audiencia de Granada en relación con estos casos, y por la que fue condenado a 6 meses de prisión el alcalde de Itrabo -acusado tan sólo de firmar 6 peonadas falsas-, Eligio Hernández ha solicitado esta sentencia y todas las calificaciones provisionales de los sumarios que por fraude al PER se han abierto en los tribunales grnadinos.
Por medio de un fax remitido desde el alto organismo del Ministerio Público, éste ha dado instrucciones para que "en lo sucesivo se evacúe previa consulta a Madrid" antes de emitir nuevas calificaciones fiscales.
Representantes de la carrera fiscal en Granada, que no negaron esta información, dijeron que "se trata de un hecho normal y frecuente en algunos casos donde se intensifica la recíproca relación Madrid-Granada".
Sin embargo otros representantes judiciales consultados realizaon una lectura bien distinta de la "preocupación mostrada por Eligio Hernández hacia esta cuestión muy concreta, teniendo en cuenta la etapa electoral en la que nos movemos, y el hecho de que a partir de ahora y en los próximos meses antes de las elecciones se pueden sentar en el banquillo numerosos alcaldes acusados de haber firmado peonadas falsas".
La mayoría de los alcaldes pendientes de juicio e inculpados por el fraude al PER pertenecen al PSOE. En los casos donde ya existe calificación fiscal -os referidos a los alcaldes de Iznalloz, Padul, Guadahortuna y Viznar- las condenas solicitadas van de los 6 meses a los 12 años de prisión.
Paralelamente, son decenas de jornaleros los que pueden resultar también procesados por beneficiarse ilegalmente de la prestación del subsidio por desempleo. Por ejemplo, la fiscalía pide penas de cárcel para 4 trabajadores de Víznar, 4 de Guadahortuna, 13 de Iznalloz y 28 de Padul.
(SERVIMEDIA)
04 Mar 1993
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