La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó el pasado mes de abril a José Luis Gallego y Victoria Becerra a 4 años y 2 meses de prisión por colaboración con banda armada, en contra de las pretensiones del fiscal, que pedía penas de 8 años de cárcel para cada uno d los acusados.

Entre los etarras que se alojaron en el domicilio de los procesados destacan Juan Carlos Iglesias Chouzas, "Gadafi"; Juan María Ormazábal, "Turko", "Javi de Usánsolo" y "Kepa Urra, autores de un atentado en Erandio en el que murió el hijo de un policía, en noviembre de 1991.

Fue precisamente a raíz de esta atentado cuando los colaboradores decidieron cortar las relaciones con la organización, lo que determinó que el tribunal suavizara sólo en parte la pena, por estimar que el miedoera "vencible".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional preparó un informe para solicitar a la Fiscalía del Tribunal Supremo que recurriera la resolución judicial por aplicación indebida de la semieximente de miedo insuperable.

En un escrito remitido ayer y firmado por Eligio Hernández, el fiscal general anuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal "ha decidio desistir del recurso".

Hernández explica que la Junta considera que el temor limitó lacapacidad de autodeterminación de los procesados y, aunque el "execrable" atentado determine un sentimiento de repulsa "más fuerte aún que el miedo, no significa que el temor no fuera un ingrediente inicial limitador de la libertad".

El fiscal general defiende que no es necesario que los colaboradores reciban amenazas expresas para sentir miedo y basta con tratar de oponerse a las pretensiones de "personas permanentemente armadas, que tienen como forma normal de conducta la supresión de las personas". Hernández insiste en que la sentencia no deja impunes a los colaboradores, "sino que simplemente modera la pena, acudiendo a un expediente razonable, cual es la disminución del reproche que deriva de su convicción de que estamos en un supuesto de disminución de culpabilidad".

Esta decisión ha sido acogida con malestar en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, algunos de cuyos miembros se sintieron también molestos cuando el pasado martes el fiscal general pidió al fiscal del "caso Macosa" que le mntuviera puntualmente informado del estado de la investigación, después de que el ex responsable de finanzas del PSOE Emilio Alonso fuese citado para explicar la donación de 8 millones de pesetas de la empresa al partido.