Votaron en contra losdiputados del Partido Popular y Unión Valenciana, mientras que se abstuvieron los de Izquierda Unida y Coalición Canaria. El decreto quedó convalidado con 167 votos a favor, 115 en contra y 22 abstenciones.

En su defensa, el ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmó que se trata de una medida dirigida a paliar el déficit público y señaló que la fiscalidad de los carburantes está en España todavía por debajo de la media comunitaria.

Agregó que es "un primer paso" dentro del paquete de medidas quepiensa aplicar el Ejecutivo para hacer frente a la crisis económica y que los ingresos adicionales así obtenidos servirán para compensar la disminución de recaudación que se derivará de los mayores incentivos fiscales a las empresas.

Fernando Gimeno, portavoz del Grupo Socialista, cifró en 38.000 millones de pesetas la recaudación añadida para este año, a lo que habrá que sumar otros 112.000 millones durante 1994. El impacto en la inflación, según dijo, será de sólo dos o tres décimas.

"MISERO EQUIPJE"

Por su parte, Cristóbal Montoro, portavoz del Partido Popular en asuntos económicos, dijo que esta medida es un "mísero equipaje" para luchar contra la crisis, afirmó que concula la promesa electoral socialista de no incrementar la presión y advirtió que puede agudizar la recesión, al encarecer los costes energéticos.

Montoro esbozó el sombrío panorama de resultados macroeconómicos que, según sus estimaciones, cabe esperar para 1993: una caída de la producción del 1 por ciento, una tasa de pao del 24 por cien de la población activa, un descenso de la inversión de siete puntos y un déficit exterior equivalente al 2,5 por cien del PIB.

A su juicio, la subida de los carburantes sólo contribuye a endurecer ese panorama, al incrementar la inflación, encarecer los costes energéticos de las empresas y menoscabar la equidad tributaria.

El portavoz popular opinó que el Gobierno ha demostrado ser incapaz de poner coto al déficit público, a pesar de aumentar la presión fiscal, una combinación d males que calificó de "diabólico maridaje".

Francesc Homs, de Convergencia i Unió, respaldó la subida de carburantes, por entender que puede ser una medida "razonable" si se inscribe en una reorientación de la política económica dirigida a reactivar la economía.

Jon Zabalía, del PNV, aunque también apoyó la iniciativa, aprovechó para manifestar que la desaparición de los monopolios fiscales obligan a reconsiderar el concierto vasco.

Jerónimo Andreu, de Izquierda Unida, consideró "inaceptabl" que el primer debate económico de la legislatura se centre en una medida impositiva, en lugar de en los proyectos del Gobierno para reanimar la actividad.

Señaló que, sin un política de creación de puestos de trabajo, es imposible luchar contra el déficit público, ya que el aumento del paro conduce lógicamente a un mayor pago de prestaciones de desempleo. IU, agregó, no dará "un cheque en blanco" al Gobierno, porque los escenarios macroeconómicos que maneja son "decepcionantes"