Estas retribuciones adicionales, recibidas vía tarifa, se repartieron en 60 millones de euros en 1997, otros 60 millones en 1998 y 45,7 millones en 1999.

Según la respuesta del Ejecutivo, esta partida de la tarifa eléctrica se constituyó en reconocimiento a los "mayores costes a determinadas inversiones" de las eléctricas, "cuya rentabilidad se stuaba por debajo de lo previsto en el sistema regulatorio vigente en su momento".

Con este y otros criterios se procedió a efectuar el reparto entre las diferentes comunidades autónomas, y se firmó un convenio con todas ellas y las empresas que distribuían en su territorio por la cuantía máxima que les correspondía.

Así, Cataluña y Galicia fueron las comunidades que, durante los tres años, realizaron un mayor reparto, con un total de 40,2 millones de euros (6.700 millones de pesetas) y 55,9 milloes de euros (9.300 millones de pesetas), respectivamente.

Por compañías, Unión Fenosa percibió un total de 64,9 millones de euros, mientras que Iberdrola recibió 34,4 millones de euros y Sevillana 11,7 millones de euros. El resto se lo repartieron entre Eléctrica Viesgo, Hidrocantábrico, ERZ, Fecsa y Enher.

Según la respuesta del Gobierno, el mecanismo para la distribución de las partidas fue el establecimiento de convenios entre el entonces Ministerio de Industria y Energía, las comunidades autóomas y las empresas eléctricas.