En un comunicado de prensa, Eguiagaray señaló que la decisión de la Comisión Europea de considerar los costes de transición a la competencia como ayuda de Estado tiene la consecuencia jurídica inmediata de que, en tanto no reciban una autorización expresa de las autoridades comunitarias, son ilegales.

A su juiio, "la situación creada debe de derivar en la exigencia de responsabilidades tanto políticas como empresariales, pues es previsible que el comportamiento bursátil de los valores elétricos se resienta con la decisión. La forma en que se ha tramitado esta cuestión, haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y enfrentándose al Derecho Comunitario debería suponer alguna asunción de responsabilidad, por la pérdida de valor patrimonial para un accionariado tan dispero como el del sector eléctrico".