Con esta medida, el departamento de Juan Manuel Eguiagaray quiere atender las demandas de las empresas eléctricas, que desean a toda costa liberar sus respectivos balances de la arga financiera de casi 700.000 millones de pesetas que supone una inversión que no amortizaron por el "parón nuclear", decretado en 1983.

Sin embargo, las empresas eléctricas no podrán hacerlo antes de presentar los resultados del año 1993 a sus accionistas, tal y como habían planteado a Industria, ya que el Gobierno desea recoger estas medidas en la futura Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico, que enviará al Parlamento para su tramitación a comienzos de 1994.

La posibilidad de que las compañas del sector puedan trasladar a otras entidades los derechos de cobro de las amortizaciones, les permitirá descargar sus balances de una vez, y evitará los costes derivados de crear una sociedad financiera independiente de su actividad energética dedicada en exclusiva a la colocación de títulos de deuda en el mercado.

Esa colocación, ideada también por las empresas eléctricas, es la que se baraja como la más idónea para recuperar las inversiones afectadas por la moratoria, ya que los bancos, cajas u tras entidades financieras podrían emitir títulos a largo plazo, con la garantía de que el Estado irá amortizando periódicamente esas cantidades.

FALTA FIJAR CUANTIAS

Lo que el Ministerio de Industria aún no ha dejado cerrado es la cuantía de las inversiones que reconoce en esas centrales, y que deberá quedar claro en als conversaciones que la Secretaría General de la Energía y los presidentes de las compañías afectadas desarrollarán en las próximas semanas.

La principal dificultad que apunta eta negociación es la de resolver la diferencia entre las cantidades que reconoce Industria, y las que reclama Sevillana de Electricidad, por su partiicipación del 50 por cien en los dos grupos nucleares de Valdecaballeros (Badajoz).

La empresa andaluza cifra en 243.000 millones de pesetas el dinero que debe recuperar por las cantidades que aportó a Valdecaballeros, mientras que el Estado sólo le reconoce 156.000. La diferencia es de 87.000 millones de pesetas, y la empresa sólo la rebajaría en unos 14000 millones de pesetas como consecuencia de los nuevos criterios contables.

En las demás compañías, "las aguas" de la amortización nuclear están más calmadas, ya que prácticamente todas las empresas han fijado en sus balances cantidades similares a las que reconoce el Ministerio, y por lo tanto la negociación no será difícil.

El Gobierno reconoce a Iberdrola una inversión por su 50 por cien en Valdecaballeros de 156.000 millones de pesetas, y otros 363.000 por las aportaciones que hizo para consruir Lemoniz I y II, lo que suma un total de unos 520.000 millones de pesetas. Por su parte, la Administración admite una inversión de 11.700 millones de pesetas en Trillo II, de los que algo más de 7.000 millones serían de Unión Fenosa, y unos 4.700 millones de Endesa.

Hasta ahora, lo único que el Gobierno ha compensado por estas inversiones frustradas han sido los intereses generados por esa deuda, para lo que fijó un sistema que les permitía ingresar un 3,54 por cien de la recaudación con la tarifaeléctrica de cada año en conncepto de amortización.

Como consecuencia de esto, las eléctricas han cobrado desde que entró en vigor el decreto de moratoria 414.850 millones de pesetas que se distribuyen entre los 24.000 millones de en 1984, 40.000 en 1985, 40.500 en 1986, 41.000 en 1987, 45.850 en 1988, 47.900 en 1989, 51.000 en 1990, 59.600 en 1991 y 65.000 en 1992.