IC-EV recuerda que el Ejecutivo autorizó esa facultad como pagó de los costes de transición a un mercado eléctrico libre, valorados en 1,3 billones de pesetas, y en contra del criterio de la Comisión Nacional del Sisema Eléctrico.

Según IC-EV, esa forma de compensación fue "la decisión más cara" para los ciudadanos y está siendo cuestionada por la Comisión Europea por su carácter de "ayudas del Estado", prohibidas por la normativa UE sobre competitividad.

"Sin embargo", añade IC-EV, "el Gobierno mantiene el recorgo previsto en este régimen de ayudas en detrimento de los consumidores y usuarios, que siguen viendo cómo se encarece artificialmente la factura de su consumo eléctrico".