Según fuentes solventes del sector consultadas por Servimedia, los planes de Industria suponen "apropiarse" de unos fondos que, desde que se crearon en 1980, han supuesto la aportación de 122.00 millones de pesetas, de los que 67.000 proceden de la tarifa y unos 55.000 son aportaciones de las propias compañías.

Ante esta situación, fuentes del sector han señalado que "las eléctricas están dispuestas a recurrir aquellas nuevas normas de modificación de su programa de investigación que se puedan considerar ilegales".

El motivo del malestar entre las compañías reside en la orden ministerial que prepara el equipo de Juan Manuel Eguiagaray, para asociar estos fondos a su recién creado Plan Etela, en el que la gestión corresponde exclusivamente a representantes del Estado.

Hasta ahora, los fondos procedentes de la tarifa para I+D del sector se aplicaban al Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico Electrotécnico (PIE), pactado en 1980 entre el Gobierno y las empresas del sector y gestionado a través de la Oficina de Coordinación del I+D Eléctrico (OCIDE), en las que ambas partes contaban con representación, bajo intervención del Estado.

Para las empresas consultadas por Servmedia, el sistema existente garantizaba el control, gestión y cumplimiento de los objetivos del PIE por parte de la Administración, de forma compatible con la presencia de las empresas en los organismos de coordinación del programa, "ya que son estas las destinatarias y responsables de la ejecución de los proyectos".

Las eléctricas consideran que los cambios perseguidos por el ministerio "conducen a que la Administración se apropie de recursos económicos que, de acuerdo con la normativa vigente, debendestinarse a proyectos de I+D dentro del sector eléctrico".