Tras la irma del contrato de creación del Fondo de Titulización de Activos de la Moratoria Nuclear, que será gestionada por la firma TDA, Herrero apeló a la memoria histórica para afirmar que cuando el primer Gobierno socialista decretó la moratoria las empresas eléctricas habían desarrollado inversiones de acuerdo la estricta legalidad, con lo que justificó el término "expropiación" para definir la paralización del programa nuclear.

En esta línea, insistió, había que compensar a las eléctricas, pero ni las iversiones reconocidas ni el recargo fijado durante estos doce años en la tarifa ha sido suficiente, ya que se fijó una cantidad inferior a la que decían las empresas y el 3,54% del recibo no daba ni para pagar los intereses.

En cualquier caso, los responsables de las empresas eléctricas, el BBV -coordinador de toda la operación- y TDA se felicitaron por la imaginación con la que se ha logrado sacar del balance de las empresas una deuda de 725.000 millones de pesetas "de un plumazo" y con la garantía dl Estado. Una operación que calificaron como "la más importante de la historia financiera de España" y un ejemplo para el resto de países.

Dicha operación consiste en que las eléctricas firman, con la constitución del Fondo, la cesión de sus derechos de cobro al Estado, y estos derechos se convierten en títulos. Para financiar la operación, TDA, la gestora, convocará sendas subastas -una de bonos y dos de préstamos- por importes de 215.000, 322.000 y 178.000 millones de pesetas, respectivamente.

l calendario de titulización de la deuda nuclear contempla la apertura del registro de inscripciones en las subastas de títulos el próximo día 13 de mayo y su cierre el 12 de junio. A partir de esa fecha, las entidades o grupos de entidades financieras que 'pujen' deberán presentar sus ofertas en sobre cerrados que se abrirán el 4 de julio. En esa fecha, las eléctricas recibirán el 'talón' correspondiente a cada una y zanjarán definitivamente el grave problema financiero que han lastrado en estos años.

Como consecuencia de este sistema de subastas, las entidades deberán estrechar el margen de rentabilidad al que desean quedarse los títulos, de manera que se asegura una reducción del coste final para el consumidor, que será el que pague a los titulares de la deuda a través del citado 3,54% de la tarifa.

Los cálculos realizados por los autores de la operación apuntan a que no será necesario ejecutar el aval del Estado si cumplidos 25 años de la emisión no se ha producido la amortización total de la duda por este sistema, ya que el estrechamiento de los márgenes permite decir que se liquidará en unos 15 o 20 años.

NUEVOS RECIBOS

En cualquier caso, los consumidores podrán tener información puntual de lo que este 'sistema' de amortización va a costar, ya que el Ministerio de Industria acaba de hacer pública una orden con la que da un plazo de dos meses a las eléctricas para que pongan en marcha el nuevo sistema de 'recibo detallado'.

La disposición de Industria obliga a las empresas a refleja en el recibo el gasto energético que hace el abonado, el coste del alquiler de los contadores y las llamadas 'externalidades' de la tarifa, es decir, lo que cuesta a cada cliente la moratoria nuclear y las subvenciones al carbón.

Herrero explicó que las eléctricas aprovecharán esta orden para "ir más allá" y ofrecer información al cliente, que le permita hacer una mejor gestión de su demanda eléctrica, tal como horas de mayor consumo, etc.